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    Delito de enfermar
    Contagiados con cólera y chikungunya deben cargar, además, el peso de la
    “culpa” por esta epidemia no declarada
    martes, agosto 26, 2014 | Miriam Celaya

    LA HABANA, Cuba -Con fecha 5 de agosto de 2014, Cubanet publicó un
    comentario del periodista independiente Fernando Vázquez divulgado por
    el programa “Cuba al día” (Radio Martí), acerca de la epidemia de dengue
    y más de medio millar de casos de cólera, reportados por la prensa
    oficial de la provincia de Camagüey.

    El periódico local camagüeyano Adelante, en su versión impresa,
    reconoció 1200 casos de dengue y 530 de cólera en las poblaciones de
    Camagüey, Sibanicú y Sierra de Cubitas, lo que hace sospechar que la
    cifra de enfermos debe ser mucho más elevada, teniendo en cuenta la
    tendencia oficial de disfrazar la realidad minimizando los hechos
    negativos y magnificando supuestos logros. Se ignora qué niveles de
    expansión e intensidad habrá que alcanzar antes de que se declare
    oficialmente que existen epidemias en Cuba.

    Lo cierto es que, a contrapelo de los encomios y felicitaciones que
    comúnmente recibe el gobierno cubano desde la alta dirección de la
    Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana
    de la Salud (OPS) por los fabulosos estándares alcanzados en esta
    materia y por los valiosos servicios de atención médica que prestan
    nuestros especialistas en los países “más pobres” del mundo, las
    enfermedades vienen ganando terreno en Cuba, agravando las ya
    habitualmente malas condiciones de vida de la población.

    Una nota interesante, aunque no resulta novedosa, la ofrece Vázquez
    cuando se refiere a las condiciones de reclusión forzosa en que se
    encuentran los pacientes de dengue y cólera en los centros
    hospitalarios, donde –asegura– permanecen custodiados por “agentes de la
    Seguridad del Estado disfrazados de enfermeros”, quienes apelan incluso
    a la violencia física si los enfermos intentan fugarse.

    Esta práctica que se fundamenta en concebir a los cubanos como meros
    medios básicos “inventariables” y manipulables, tiene antecedentes en
    situaciones tan escandalosas como la reclusión obligatoria de los
    enfermos de sida en sanatorios alejados de las ciudades, durante los
    años 90’, en un intento por evitar la propagación del VIH, en flagrante
    desprecio de los derechos humanos más elementales. Finalmente, ante la
    presión de la opinión pública internacional, las autoridades se vieron
    forzadas a liberar a aquellos enfermos, pero en esencia la castrocracia
    ha seguido aplicando a rajatabla el principio el fin justifica los
    medios. Así, actualmente enfermar de dengue u otra enfermedad contagiosa
    en Cuba puede convertirse potencialmente en una condena de privación de
    libertad, sin juicio previo.

    Apelando al sentido común, resultaría lógico entender que en casos de
    epidemias la población enferma debe ser aislada, tanto para recibir
    cuidados especiales como para evitar la propagación del mal.
    Históricamente han existido retiros hospitalarios especializados en la
    atención a enfermos de tuberculosis, lepra y otras dolencias
    contagiosas, mientras éstas constituyan una amenaza.

    Sin embargo, en el caso de Cuba el asunto entraña ribetes más retorcidos
    debido a dos cuestiones fundamentales: en primerísimo lugar porque las
    autoridades sanitarias no han reconocido en ningún momento la existencia
    de una epidemia, y en segundo –no menos importante– porque en las
    instalaciones hospitalarias de la Isla no existen los requerimientos
    mínimos indispensables para el ingreso, sea por el mal estado
    constructivo de los centros asistenciales como por cuestiones tan
    básicas como la alimentación y comodidad del paciente, las condiciones
    higiénico sanitarias y las carencias de insumos médicos, entre otras.

    Nosotros, los pecadores

    Por décadas, la población cubana ha estado sometida a una presión
    psicológica desde el poder, que ha hecho casi de cada uno de nosotros un
    sujeto “culpable”, o cuando menos deudor de un estado-gobierno-partido
    benefactor que pende sobre nuestras vidas como un protoplasma. Así,
    desde que nacemos, se supone que hemos tenido garantizada “educación
    gratuita, atención médica y alimentación segura gracias a la
    revolución”, de manera que quienes actúan en contra de los lineamientos
    oficiales o al margen de los controles creados para nuestro propio bien,
    son unos “malagradecidos”, es decir, culpables del peor de los pecados,
    que es la ingratitud al gobierno.

    Este principio se cumple en todas las esferas en las que se desarrolla
    la existencia en la Isla, que obligan a violar constantemente las leyes
    en una sociedad donde absolutamente todo está reglamentado, pero donde
    solo es posible la supervivencia al margen de la ley, lo que convierte a
    cada cubano en un delincuente real o potencial. Pero igualmente actúa
    sobre la psicología social al primar la simulación en todos los
    estratos: el gobierno simula que sirve y protege a la población,
    mientras ésta finge que agradece y acata. Lo peor es que en el caso de
    la “atención médica”, se ha generalizado la farsa, con la ingenua
    aceptación de que gozamos de algún privilegio particular sobre el resto
    de los terrícolas.

    Un ejemplo lo ofrecen los flamantes programas de vacunación del
    gobierno. Una generación tras otra han sido formadas en base al
    sentimiento de rebaño, en virtud del cual hemos sido censados, vacunados
    en policlínicos y escuelas –y aún en nuestras propias casas, siguiendo
    programas oficiales que apelan incluso a organizaciones de masas–, sin
    contar con nuestro consentimiento. Para los padres cubanos es “normal”
    que su hijo llegue un día de la escuela con fiebre porque le han
    vacunado contra el tifus, contra la gripe o contra el tétanos, justo
    como si de un novillo se tratara. Los padres no son consultados sobre el
    particular ni reciben constancia escrita alguna acerca de sobre qué ha
    quedado inmunizado su hijo, muchísimo menos del origen, lote, firma
    farmacéutica y otros datos de la procedencia del producto médico en
    cuestión. Ni siquiera consta si la vacunación se desarrolló en
    condiciones higiénicas adecuadas. Las generosas intenciones del gobierno
    han de ser garantía suficiente, y quien así no lo asumiere pecará de
    malagradecido: culpable.

    Lo mismo se aplica a la llamada “campaña anti-vectorial”, también
    conocida como “batalla contra el aedes aegypti” –porque hacernos sentir
    en constante estado de guerra, sea contra el imperialismo o contra un
    insecto, ha sido otra estrategia de la guerra psicológica del gobierno
    contra la población cubana– lo que incluye un supuesto derecho a la
    entrada de sujetos desconocidos en cada domicilio cubano a fin de
    “inspeccionar” los depósitos de agua estancada, potenciales criaderos
    del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue y la fiebre
    chikungunya (nuestra más reciente adquisición), así como la fumigación
    con petróleo gasificado. Quien no acepte la entrada de inspectores o
    fumigadores a su domicilio, si bien no puede ser procesado ante la lay,
    ya que no existe oficialmente una epidemia, es al menos moralmente
    “culpable”.

    Hasta el momento, la guerra contra el mosquito no ha dado resultado. El
    dengue y otras enfermedades, antes exóticas, continúan enseñoreándose de
    los cubanos a despecho de los programas y “batallas” oficiales. Cierto
    que, como aseguran los expertos, la globalización incide en el aumento
    de los riesgos de propagación de enfermedades a partir de los
    movimientos de viajeros de unos a otros puntos del planeta, por lo que
    no han faltado en Cuba los cínicos autorizados que atribuyen las
    actuales “situaciones epidemiológicas complejas” a un efecto de la
    globalización. Diríase que existe una fatalidad lastrando nuestro sino:
    resulta que nos alcanzan los males de la globalización, pero no sus
    ventajas.

    Tampoco se menciona en los medios oficiales que de los miles de médicos
    que regresan a Cuba después de cumplir sus misiones en países donde
    estas enfermedades son endémicas, ninguno guarda cuarentena, como
    tampoco lo hacen las decenas de miles de estudiantes extranjeros que
    constantemente han estado entrando y saliendo de la Isla en los últimos
    15-20 años. Nunca se tomaron medidas sanitarias con aquellos pacientes
    de la “Operación Milagro”, que eran introducidos en los hospitales
    cubanos para realizarles cirugías oftalmológicas en los años dorados del
    romance castro-chavista. La globalización latinoamericana o
    tercermundista parece no portar riesgos.

    2014: menos turistas y más enfermos

    Así las cosas, actualmente el gobierno se resiste a declarar las
    epidemias, en previsión de no afectar el turismo extranjero y evitando
    erogar los enormes recursos para prestaciones sociales que requeriría el
    caso. Pese a ello, las cifras oficiales han reconocido una disminución
    en la afluencia de visitantes foráneos, lo que impedirá se cumplan las
    expectativas de alcanzar los tres millones a los que aspiraba el
    gobierno en el presente año.

    Mientras, entre los cubanos crecen las cifras de infectados de dengue,
    cólera, chikungunya y otras enfermedades, con riesgo de ser obligados a
    internarse en los hospitales-cárceles destinados al rebaño. Ellos deben
    cargar, además, el peso de la “culpa” por esta epidemia no declarada.
    Cornudos y apaleados, lo que los convierte a la vez en enfermos y en
    cuasi-convictos por el delito de enfermar. Tal es el precio de la
    obediencia.

    Source: Delito de enfermar | Cubanet –
    http://www.cubanet.org/opiniones/el-delito-de-enfermar/

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